En la comunidad de Las Brisas, ubicada en el distrito de Cóbano (provincia de Puntarenas, Costa Rica), han surgido algunas preguntas respecto a la gestión del servicio de agua potable. La situación ha sido recientemente puesta en conocimiento de las autoridades competentes mediante una solicitud formal de verificación dirigida al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

La solicitud fue presentada por la asociación Provivienda Solidaridad en Acción por un Techo Digno, en coordinación con representantes de la comunidad y con organizaciones comprometidas con actividades de cooperación humanitaria. El objetivo declarado no es formular acusaciones, sino obtener aclaraciones institucionales sobre la entidad que actualmente estaría gestionando el sistema de agua en la zona.

Según información preliminar que habría sido consultada en el Registro Nacional, el servicio en la comunidad estaría vinculado a una sociedad denominada:

LAS BRISAS DE SAN ISIDRO SOCIEDAD ANÓNIMA
Cédula Jurídica: 3-101-908768
Fecha de inscripción: 2 de julio de 2024

La documentación disponible indicaría que el objeto social de la empresa estaría relacionado principalmente con actividades comerciales vinculadas a la venta de materiales para sistemas de alcantarillado. No está claro, sin embargo, si entre sus actividades autorizadas se incluye también la gestión directa de un sistema de agua potable.

Otro elemento señalado es que la entidad se presentaría públicamente ante los residentes con la denominación de “Comité Las Brisas”, una expresión que en Costa Rica suele asociarse a estructuras comunitarias sin fines de lucro como las ASADAS, organizaciones locales autorizadas para administrar acueductos bajo supervisión pública.

Algunos habitantes de la zona también habrían reportado situaciones que merecen aclaración, entre ellas:

• costos elevados solicitados para la instalación de medidores

• anuncios de incrementos tarifarios sin referencia a una resolución regulatoria

• solicitudes de pago en efectivo o a través de cuentas personales

• ausencia de facturación formal en algunos casos

• advertencias de posible suspensión del servicio en caso de cuestionamientos.

Es importante subrayar que estas observaciones corresponden a percepciones y testimonios de miembros de la comunidad, y no constituyen determinaciones oficiales.

En Costa Rica, la gestión de los sistemas de agua potable suele realizarse a través de tres modalidades principales:

• administración directa por parte del AyA

• gestión comunitaria mediante ASADAS

• sistemas autorizados a través de concesiones y regulaciones específicas.

Para que un sistema de acueducto opere de manera regular normalmente se requieren varios elementos administrativos, entre ellos:

• una concesión de uso del recurso hídrico otorgada por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)

• una autorización o delegación operativa por parte del AyA

• la aprobación de las tarifas por parte de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP).

Precisamente con el fin de esclarecer si estos requisitos se cumplen en el caso de la comunidad de Las Brisas, la solicitud enviada a las autoridades pide formalmente:

1. confirmar si la sociedad mencionada cuenta con una concesión o autorización para administrar un acueducto

2. indicar qué institución habría emitido dicha autorización, en caso de existir

3. verificar la legalidad de las tarifas aplicadas a los usuarios

4. realizar una inspección técnica y administrativa del sistema de agua local

5. comunicar oficialmente los resultados de la verificación.

La península de Nicoya, y en particular el área comprendida entre Santa Teresa, Mal País, Montezuma y Cóbano, ha experimentado en los últimos años un fuerte desarrollo turístico e inmobiliario. Este crecimiento ha incrementado la presión sobre los recursos hídricos locales y, en diversos casos, ha generado debates entre comunidades, operadores privados e instituciones sobre la gestión sostenible del agua.

En este contexto, la solicitud de aclaraciones institucionales se presenta como un instrumento de transparencia y protección del interés comunitario, con el objetivo de asegurar que el servicio de agua potable se gestione conforme a la normativa vigente y al principio, reconocido internacionalmente, del derecho humano al agua.

Por el momento, se espera la respuesta de las autoridades competentes, que podrán aportar los elementos necesarios para aclarar la situación y garantizar la máxima transparencia en la gestión de un recurso esencial para la vida de la comunidad.